miércoles, 30 de octubre de 2013

IMPACTO DE LA NUEVA LEY DE DELITOS INFORMÁTICOS

En el Perú, el Congreso de la República aprobó el 12 de setiembre  la Ley de Delitos Informáticos, dirigida a sancionarlas faltas producidas contra el patrimonio informático. Entre las medidas, destaca la tipificación y sanción al fraude, espionaje, ataques a la privacidad y otras incursiones digitales a través de la red. Se incorporan penas de uno a diez años en prisión para quienes infrinjan estas normas.

La norma carece de varios sustentos, acordes a la legislación que rige en otras sociedades. Menciona que "la forma cómo se introdujo el texto del ejecutivo - sin debate en comisión o en el pleno, que termino siendo el texto que se aprobó en un 80-90%, desconociendo un debate real de las normativas - ha plasmado un proyecto que combina diversas tendencias; buscando acercarse al denominado acuerdo de Budapest de Cyber-crimen, pero no manteniendo ni el espíritu de aquel ni sus excepciones. De manera complementaria, refleja un desconocimiento sobre lo que implica la regulación de uso de tecnologías en delitos y también los denominados delitos informáticos".

Este un tema es delicado, que no implica la mera regulación sino el entendimiento de las implicaciones, consecuencias o las dimensiones del desarrollo de capacidades en jueces y fiscales, haya sido tomado a la ligera. Debe volver a Comisión en el mejor de los casos, o pasar al archivo y volverse a plantear una propuesta de la adhesión del Perú al Convenio de Cyber-crimen, en un marco de respeto irrestricto a las libertades y derechos constitucionalmente protegidos; y, en dicho marco, plantear una legislación en materia de delitos informáticos, analizar que hacer con los delitos por medios informáticos y brindar herramientas de informática forense a la Policía.

La norma debería ser más inclusiva en el rol del ciudadano para disminuir los riesgos de la población ante la delincuencia digital. Nuestro derecho a una navegación privada y el resguardo de nuestra información va de la mano con una toma de conciencia respecto a los peligros que acarrea la mala praxis en las nuevas tecnologías. La educación es la mejor herramienta para la implementación de una ley más eficiente.
Que hay que ser más enfáticos al promulgar una ley porque tiene que ver muchos aspectos  y mayormente proyectarse en su aplicación



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